Un tremendo lío jurídico-administrativo enfrenta en este momento a la estatal petrolera Ecopetrol con la Universidad de Cartagena, en la que la alma mater podría verse abocada a desembolsar $200 mil millones que significarían la quiebra financiera de la institución oficial.

La historia es la siguiente:

La Universidad acaba de presentar una acción de tutela ante el Consejo de Estado con la que busca reversar un fallo judicial que la obliga devolver más de $49 mil millones a Ecopetrol, por concepto de la Estampilla "Universidad de Cartagena Siempre a la Altura de los Tiempos", vigente entre los años 1997 -  2004.

La solicitud de amparo fue admitida por el alto tribunal de lo contencioso, que deberá definir si hubo irregularidades en el fallo que le dio la razón a Ecopetrol.

El claustro académico argumenta que el Tribunal Administrativo de Bolívar, instancia que tomó la decisión sobre dicho pago, indujo en error al Consejo de Estado, al hacerle creer que el expediente judicial estaba compuesto por cerca de 800 folios.

De acuerdo con la misma tutela, se omitió incorporar folios importantes para que los magistrados conocieran de fondo las razones de la decisión que se había tomado previamente.

El inicio del proceso se da en 2006 cuando la Universidad de Cartagena interpuso una acción de cumplimiento para que Ecopetrol cumpliera la ley 334 de 1996 y la ordenanza 012 de 1997 de la Asamblea de Bolívar, y pagara el tributo de la estampilla.

El Juzgado 13 de Cartagena, en fallo de primera instancia, decidió a favor de Ecopetrol, sin embargo, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión y ordenó a la petrolera el pago de dichos dineros.

La Universidad de Cartagena recibió los pagos de Ecopetrol en 2010, pero dos años después de haber realizado los pagos, por medio de un derecho de petición la empresa estatal reabrió el debate que procesalmente había concluido para que la Universidad devolviera el impuesto pagado, con el argumento de que no eran auto retenedores.

Años más tarde, el proceso llegó al Consejo de Estado, en donde la sala de lo contencioso administrativo confirmó la sentencia del 29 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que ordenó a la Universidad de Cartagena la devolución de la millonaria suma.

La devolución de estos $49.000 millones, más la suma de los intereses, ascendería el monto a pagar a una cuantía aproximada a los $200.000 millones, que afectaría gravemente las finanzas de la institución académica.